El cuidado del medio ambiente no solo debe ser un tema destacado,  sino central para la evaluación de proyectos o la elaboración de políticas públicas. Dinero se puede encontrar en los bancos, al menos hasta hace un tiempo, pero aire limpio, agua pura, suelos fértiles, bosques vigorosos, especies florecientes, mares saludables y abundantes, son recursos escasos que sola la naturaleza puede proveer, y que hoy día se encuentre bajo un severo estrés. La prosperidad de la sociedad descansa en que estos atributos se encuentres disponibles en cantidad, calidad y oportunidad.

 

El emprendimiento sin duda deber ser promovido, pero este no puede eludir la legislación existente y las complejidades y consecuencias ambientales de dichas actividades.  Existe muchas veces una muy fina separación entre lo que constituye “otorgar facilidades” por parte de la autoridad a simple y llanamente ejercer presiones indebidas sobre los organismos evaluadores, que se traduce finalmente en proyectos aprobados y mal evaluados.

El caso de la central termoeléctrica Campiche, es un claro ejemplo de esto, donde el proyecto fue aprobado a pesar que su emplazamiento  se encontraba en un área no  contemplada para este tipo de actividades industriales, en abierto incumplimiento de la regulación municipal. Pero aquí no se debe echar la culpa solo al evaluador, si por otro lado el Estado y la Empresa presionaron por la celeridad en la tramitación en desmedro de la prolijidad de la evaluación y la sustentabilidad ambiental del proyecto.

En este sentido ocupa aquí un papel fundamental la responsabilidad social de las empresas, las que tampoco pueden con sus acciones soslayar procedimientos y eludir responsabilidades, ni tampoco verse luego sorprendidas que dichas acciones a la larga terminen lesionando su propios intereses. Por el contrario, la evaluación del estudio ambiental del Proyecto Hidroasyen de represas en la Patagonia,  ha contado con una acuciosa labor de los servicios públicos evaluadores, donde las más de 3000 observaciones, son el reflejo, no de una “excesiva burocracia,”, sino de la mala calidad e insuficiencia del estudio presentado.

Al mismo tiempo se debe considerar que, cuando nos encontramos en el país con una precaria y muchas veces insuficiente institucionalidad fiscalizadora y marco regulatorio,  es comprensible que el producto resultante de una evaluación  no resuelva cabalmente las complejidades  de los temas ambientales y territoriales. Por lo tanto, la judicialización de algunos proyectos es la consecuencia de estas fallas institucionales o la incapacidad del marco normativo de dar respuesta a la demanda de los ciudadanos para ejercer su derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de preservar la naturaleza, tal cual lo garantiza la carta constitucional.

Es evidente que debe existir un rallado de cancha predefinido para todo los actores, pero tampoco es razonable  ni lógico congelar las “reglas del juego”  en el ámbito de la regulación ambiental, pues lo natural en este ámbito es que la sociedad aspire cada vez a mayores estándares compatibles con la salud de las personas y el bienestar de los ecosistemas.

Muchas veces autoridades y ministros de Estado nos dicen que no hay atajos para el desarrollo económico y social. De la misma forma afirmo que no hay atajos ni salidas fáciles para lograr la sustentabilidad ambiental. Todos entendemos que el desarrollo del país requiere de la energía suficiente, pero este objetivo no puede lograse a cualquier costo ambiental.  No hay peor hipoteca, que la hipoteca ambiental que dejemos a las futuras generaciones. La inercia institucional tiende a seguir resolviendo los temas del futuro con las soluciones del pasado.  Sin embargo las alternativas energéticas existen y las opciones están disponibles para aquellos que tengan visión, coraje y liderazgo para asumirlas.