En relación a la columna de opinión de Hernán Salazar, Gerente General de Hidroaysén, “La importancia del debate informado” publicada el viernes 23 de Octubre en La Tercera, manifiesto mi discrepancia sobre la solidez de la institucionalidad ambiental de Chile. Ésta claramente ha sido superada por los hechos  y requiere una urgente y sustantiva modificación, cuya prueba más evidente es la restructuración a  la que esta siendo sometida hoy en el Congreso Nacional.  A pesar del esfuerzo y profesionalismo de los funcionarios de los servicios públicos, el sistema de evaluación de impacto ambiental está sobrepasado y expuesto a las presiones de los intereses económicos y de las agendas políticas sectoriales.

El éxito de una política ambiental -cuando la hay-, y de su institucionalidad, no está dada por la cantidad de proyectos que ingresan al sistema, sino de la salud de sus ambientes y ecosistemas: ¿Cómo está la calidad del aire en nuestras ciudades?  ¿Cuántas especies endémicas desaparecen de nuestro territorio? ¿Cuánto suelo se va al mar todos los días? ¿Cuánto bosque nativo desaparece producto de incendios, corta ilegal y sustitución por especies exóticas?  ¿Cuál es el estado de nuestras pesquerías, nuestro borde costero, la calidad del agua de ríos y lagos? En definitiva, de lo que se trata, es de la sustentabilidad de nuestro modelo de desarrollo.  Por lo tanto la ausencia, ignorancia  o desidia en la aplicación de estos indicadores  ambiéntales solo nos pueden llevar a un curso de colisión. Una muestra de esto, fue la ausencia total del tema ambiental en el primer debate presidencial en TVN. Y lo peor de todo es que nadie lo extrañó. ¿Tendríamos la misma actitud pasiva si no se hubieran tocado los temas económicos o los ahora populares temas sociales? ¿Qué impresión habríamos tenido entonces de la calidad de nuestros futuros gobernantes? Si el desarrollo sustentable es la integración virtuosa del factor ambiental junto con el social y económico,  esta ausencia de la dimensión ambiental es la evidencia que de lo defectuoso e insustentable de nuestro  modelo.

Actualmente los proyectos privados que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, tanto en su localización, pertinencia y diseño, solo responden a los intereses de lucro particulares y a las expectativas del negocio. Estos no dan cuenta de las Estrategias Regionales de Desarrollo, ni de las vocaciones territoriales, ni de un plan de Imagen País,  ni de los impactos ambientales acumulativos, ni de la sustentabilidad ambiental a largo plazo. La visión ambiental,  la mayoría de las veces, es reduccionista y superflua, limitándose a aspectos descriptivos y acciones de mitigación  y compensación, que en ningún caso aspiran o garantizan la conservación de ambientes y ecosistemas.

Una lectura a la Adenda de Hidroaysen, ingresada hace unos días con las respuestas de la empresa a las 2700 observaciones de los servicios públicos al estudio, muestra claramente que ésta aporta escasa información nueva, no corrige errores  y más bien insiste en defender su EIA, el cual sigue careciendo de información relevante y esencial para ser evaluado, condición que de mantenerse, debiera conducir al rechazo obvio y definitivo del mismo. Es lo que la región de Aysén y el país esperan.