Respetando la institucionalidad en el Chile de las mascaradas

3 de Agosto del 2010
Radio Santa Maria

Común ha sido escuchar desde todos los frentes, y particularmente desde la vereda de quienes tienen temporalmente el poder en el Gobierno, que es necesario respetar la institucionalidad. Que la institucionalidad aquí, que la institucionalidad allá, como si no estuviera claro que la estructura normativa que nos damos en un país como Chile muchas veces baila sólo al son de la música de quienes tienen el poder, lo cual legítimo sería si éste fuera el de las mayorías. Pero que es vergonzoso cuando es el dinero el que mete las fichas en el burlitzer de la bendita institucionalidad.

Y así como piden respeto, los mismos se indignan cuando la ciudadanía se lanza a las calles a protestar por sus derechos. Se encabritan cuando la gente se alza en el reclamo público y los ciudadanos les hacen pasar algunas molestias por sus haceres.

En estos momentos siempre, pero siempre, se llama a honrar la institucionalidad.

Por eso es bueno ver hasta dónde llega el compromiso real con el respeto por la ley que nos rige. Si éste es a todo evento o depende de las circunstancias.

El 29 de octubre de 2008 la Dirección Regional de Aguas de Aysén rechazó la solicitud que en 2007 presentara HidroAysén ante dicho organismo para pedir nuevos derechos de agua con el fin de materializar su proyecto de represas en los ríos Baker y Pascua. La razón del servicio para tal decisión fue que los derechos que en dichos sectores tiene constituidos desde los 90 Endesa (socia de Colbún en tal proyecto) hacían imposible entregarle nuevos derechos a HidroAysén, porque los nuevos puntos de captación y restitución solicitados por la sociedad estarían dentro del eventual área de inundación de los ya entregados hace dos décadas a la eléctrica que alguna vez fue chilena. Es decir, la nueva solicitud de HidroAysén se sobreponía a la existente de Endesa. Esto independiente de que fueran del mismo titular y porque era la forma en que históricamente la DGA había fallado en situaciones similares.

Ante esta situación, el director nacional de la DGA de la época, Rodrigo Weisner, presentó en octubre de 2009 una consulta a la Contraloría General de la República con el fin de que dirimiera sobre el particular. Y ahí estuvo radicada la discusión hasta marzo de este año.

Hasta marzo porque como dice el dicho popular, a rey muerto rey puesto.

El nuevo director general de Aguas de Sebastián Piñera, Matías Desmadryl, retiró el requerimiento ante el organismo contralor en junio de este año. Y el lunes pasado publicó en El Diario Oficial la resolución 1.800 que cambia el principio seguido hasta ahora y, por secretaría, determina que la incompatibilidad de derechos de agua no se hará efectiva ?si el titular del derecho es la misma persona que el titular de la solicitud, caso en el cual legalmente no existe perjuicio?.

Así, si la institucionalidad no me sirve, la cambio, por secretaría. Lo mismo que la Coalición que hoy está en el Gobierno cuestionó tanto a la Concertación. Lo mismo que dijeron que no harían, porque se venía la nueva forma de gobernar.

Y la guinda de esta torta es que el hombre que hoy es mano derecha de Matías Desmadryl es el abogado Carlos Ciappa, quien llegó a la DGA para ?la reorganización institucional de la DGA y la nueva política ministerial para el manejo y gestión de los recursos hídricos?. Esto no sería nada grave si no fuera porque él mismo fue quien representó a HidroAysén en una consulta hecha ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que la compañía pudiera solicitar ?derechos de aprovechamiento de aguas de carácter no consuntivos, en la cuenca del río Aysén, de la Región de Aysén?. Este trabajo fue por cierto muy coherente con su rol de abogado asesor de HidroAysén entre 2007 y 2009, hasta pocos meses antes de asumir como brazo derecho del director general de Aguas.

Es el momento de saber si los mismos que se siguen indignando por la falta de respeto a la institucionalidad se molestan también con estas poco pulcras artimañas. Porque cuando uno defiende principios, los defiende a todo evento.

Pero, debo reconocer, no soy muy optimista. Porque desde hace ya demasiado tiempo el problema no es que se cometan iniquidades ni que éstas se conozcan públicamente. Lo grave es que cuando se saben, a nadie avergüenzan y a nadie complican.

Y eso, dicho sin ninguna cortesía, es construir un país de frescos de raja. ¿Alguien se molestará, ahora, por esta falta de respeto verbal, pero a quien paradójicamente no molestará el denunciado actuar de la DGA?

http://www.radiosantamaria.cl/rsm/index.php?option=com_content&view=article&id=2141:2010-07-30-14-08-26&catid=163:columnas-de-opinion

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